CCOO y UGT
exigen trabajo decente, respeto a los acuerdos de negociación colectiva y a los
derechos de los trabajadores para quienes están empleados directamente por las
empresas y las grandes multinacionales, y para los trabajadores y trabajadoras
que constituyen una mano de obra oculta a través de las diferentes fórmulas de
subcontratación, deslocalización o franquicias. Es preciso establecer
mecanismos reales y efectivos que permitan exigir responsabilidades a las
empresas por su actuación, tanto dentro como fuera de nuestro país.
CCOO y UGT,
con motivo de la jornada mundial por el trabajo decente, exigen: Garantizar por
ley a nivel europeo y nacional que las empresas que subcontratan, mediante
cualquier fórmula, sean responsables subsidiarios de los salarios y la protección
social de los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas, se
encuentren estas donde se encuentren.
Exigir a las empresas que utilizan cadenas de suministros que todos sus proveedores, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mantengan condiciones de empleo decentes, respeten los convenios colectivos y los derechos fundamentales, incluidos los derechos sindicales.
Establecer
por ley como requisito en la contratación pública la exigencia por parte de los
organismos contratantes a las empresas de quienes adquieren bienes o servicios,
el
respeto a
los convenios colectivos aplicables y condiciones de trabajo decente, una exigencia
que extendemos a las franquicias y filiales de las grandes empresas, tanto en nuestro
país como en el extranjero.
Derogar las
reformas laborales de 2010 y 2012, y recuperar derechos laborales arrebatados a
los trabajadores.
Combatir la
desigualdad y la pobreza mediante una Prestación de ingresos Mínimos que
garantice ingresos básicos para las personas que carecen de empleo.
Establecer
incrementos salariales que contribuyan al crecimiento económico y del empleo y profundizar,
en la negociación colectiva, en el desarrollo de cláusulas que ayuden a
impulsar el empleo y, sobre todo, a mejorar su calidad.
Fijar un SMI
de 800 euros en el primer año y subidas progresivas durante la legislatura, hasta
alcanzar el 60% del salario medio de nuestro país.
Derogar la
ley 4/2015 de protección de seguridad ciudadana (“ley mordaza”) y el artículo
315.3 del Código Penal que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho
de huelga.
Instamos al
Gobierno a que dé cumplimiento, modificando el Estatuto de los Trabajadores, a
la Directiva 1999/70/CE al objeto de garantizar el cumplimiento de las sentencias
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la UE el pasado día 14 de septiembre
y que señalan la discriminación y el abuso en la contratación temporal en nuestro
país.
Por todo ello, convocamos una concentración el próximo viernes 7 de octubre a las 19:30 en la Plaza Mayor de Palencia.