El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO
(FECCOO) presenta una propuesta centrada en cinco ejes, entre el que se
encuentra la universalización de la oferta educativa de 0 a 3 y de 16 a
18 años.
CCOO defiende un acuerdo cuyo objetivo sea reforzar la calidad y
equidad del sistema educativo. De ahí que, esta mañana, en su
intervención ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados
en la que se aborda la negociación de un Pacto Educativo, Francisco
García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO,
haya esgrimido la necesidad de poner fin a la LOMCE, a los recortes y a
los decretos de universidad que comprometen la igualdad de
oportunidades y haya reclamado un espacio específico para abordar el
debate de la educación superior.
Tras recordar que los recortes –de 9.000 millones en la educación no
universitaria y de 1.500 en la educación superior– han asolado el
sistema educativo y argumentar que recortes y LOMCE son dos caras de la
misma moneda, García ha enumerado los derechos educativos del siglo XXI
que deben orientar el Pacto Educativo y los requisitos necesarios para
impulsar una docencia de alto nivel (ver cuadros-resumen). Para
garantizarlos, ha presentado una propuesta centrada en cinco ejes:
- Alcanzar un compromiso de financiación que permita recuperar una inversión en educación del 5,09% de PIB y fijar un horizonte en el que se llegue al 7%.
- Establecer la programación general de la enseñanza como criterio para organizar la red frente a la libertad de elección de centros.
- Asegurar que las Administraciones promueven la educación pública como garante de su universalización.
- Avanzar en la universalización de la oferta de 0 a 3 y de 16 a 18 años a través de la extensión de la red pública de centros.
- Garantizar en la nueva ley un sistema de auditorías de las contrataciones, la escolarización y la participación democrática de las familias en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.
Un pacto requiere una nueva ley: derechos educativos del siglo XXI
Una nueva ley de educación, lejos de aumentar la reglamentación,
debe reforzar los derechos educativos ante la evolución científica,
tecnológica, económica y social.
1. El derecho a la educación es un derecho de ciudadanía, que debe ser garantizado por los poderes públicos.
2. El derecho a la educación comprende el acceso gratuito al
sistema educativo. Se debe avanzar hacia la gratuidad partiendo del
criterio de que nadie se quede sin la plaza escolar que necesita por
motivos económicos.
3. El derecho a la educación requiere un currículum común que
integre los distintos saberes necesarios para ejercer la ciudadanía
responsable y una vida personal plena. Requiere también un currículum
diversificado que permita a cada persona desarrollar oportunidades
propias y valiosas para su vida y la vida común. La investigación, la
creatividad y el trabajo cooperativo deben formar parte de los objetivos
educativos.
4. El derecho a la educación es el derecho a la educación
inclusiva. La diversidad es un valor para el aprendizaje y la
cooperación. La pluralidad es condición para la formación de criterio
propio.
5. El derecho a la educación engloba la educación para la convivencia, la paz y el cuidado del ecosistema.
6. El derecho a la educación comprende el acceso a espacios y
recursos adecuados, incluidos los dispositivos TIC y la conexión a la
red.
7. El derecho a la educación implica el derecho a una comunidad educativa real y a un ecosistema educativo no segregador.
8. El derecho a la educación incluye el derecho al juego libre y al ocio educativo y creativo.
9. El derecho a la educación se debe extender a lo largo de la vida, en sincronía o en alternancia con el trabajo.
10. El derecho a la educación incorpora el derecho a la
participación en los proyectos y procesos de toda la comunidad
educativa.
11. El derecho a la educación incluye la acogida, la orientación y
el acompañamiento del alumnado, y cuando son menores, de sus familias.
Este derecho implica el reconocimiento de títulos y acreditaciones en la
UE, el desarrollo de la competencia plurilingüe y la reserva de plazas
para la movilidad durante el curso escolar.
12. El derecho a la educación precisa del derecho a la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja.
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Pactar la docencia de alto nivel
1. Negociación de los tiempos laborales en educación, que asegure la
formación, el trabajo en equipo, la investigación y la preparación de
proyectos de innovación.
2. Completar las plantillas con más especialidades docentes y no docentes.
3. Los cambios en las plantillas por aplicación de nueva normativa se
han de resolver sin despidos, para lo cual proponemos negociar planes de
recolocación y de formación.
4. Erradicar el empleo precario en educación.
5. Plan para rejuvenecer las plantillas, con jubilaciones anticipadas y parciales y contratos de relevo.
6. Confección de un código ético de las profesiones educativas, con un proceso amplio de participación.
7. Garantizar la participación democrática de los y las profesionales
de la educación en los proyectos y la gestión de los centros,
recuperando las funciones de toma de decisiones de los consejos
escolares.
8. Cambio en la selección de directores y directoras que asegure la
participación de la comunidad educativa y que incorpore la perspectiva
de género.
9. La formación, la investigación y la innovación deben tener más peso
en la promoción profesional. Nos oponemos a sistemas de pago por
resultados.
10. Mejorar los procedimientos de gestión de personal: provisión,
movilidad, cargas de trabajo, horarios y resolución no judicial de
conflictos. Se habrá de garantizar la transparencia de los procesos y la
capacidad de representación y defensa colectiva.
11. Creación de instrumentos de apoyo a los y las profesionales de la educación que proporcionen:
- Acompañamiento en el ingreso a la profesión.
- Formación sobre el proyecto y las normas del centro, en caso de cambio de puesto de trabajo.
- Servicio de apoyo psicosocial, técnico y jurídico.
12. La independencia de la función inspectora, con un modelo que
priorice las funciones de asesoramiento, de supervisión pedagógica y
organizativa con carácter técnico y de participación en la evaluación de
los centros, los programas y los servicios.