eldiario.es
El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos firmarán este miércoles que se inicie un proceso de estabilización de al menos 250.000 plazas ahora ocupadas por interinos en los próximos tres años.
El acuerdo afecta a casi 350.000 trabajadores, la mayoría de CCAA y ayuntamientos, que son los que deberán convocar las plazas.
No obstante, los sindicatos ven insuficiente el incremento de salario de un 1% de los empleados públicos para este ejercicio.
El Gobierno y los sindicatos han llegado a un preacuerdo sobre la convocatoria de plazas de empleo público para paliar la interinidad, vinculadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se trata de un proceso de estabilización de puestos ya ocupados por interinos, que igualmente tendrán que presentarse a estos procesos. No está claro todavía si las personas que ya ocupan estas plazas tendrán alguna puntuación adicional a la hora de optar a dichos puestos, aunque así suele ocurrir, según fuentes sindicales.
Hay confusión respecto a las cifras de interinos afectados, ya que la inmensa mayoría trabajan para comunidades autónomas y ayuntamientos: según UGT serían casi 350.000. Lo que es seguro es que se reducirá la interinidad del 25% actual al 8%.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmará el acuerdo a las 13.30 horas de este miércoles en la sede del Ministerio con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF.
Será unas horas antes de la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, a la que asistirán sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP, informa Europa Press.
En esta convocatoria oficial de la Mesa General, a la que acudirá el ministro y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se refrendará las cifras definitivas, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que el Consejo de Ministros presentará y aprobará el viernes.
También se terminará de fijar el aumento salarial de los empleados públicos, que es más que probable que sea del 1%, después de que ayer la Mesa del Senado acordase incorporar al proyecto de Presupuesto del Senado para ese ejercicio el incremento del 1% en las retribuciones de senadores y personal que presta servicio en la Cámara Alta, tras haber sido "decidido" en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Rechazo sindical a la subida del 1%
Por su parte, CSIF rechazó, en declaraciones a Europa Press, la subida del 1% del sueldo de los funcionarios prevista por el Gobierno para este año y denunció que, a falta de celebrarse la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, se haya establecido el incremento salarial sin "margen de negociación".
En la última reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de la Mesa General, fuentes sindicales señalaron que la negociación estaba "encallada" en materia salarial, ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
Desde CSIF reclaman que se recupere la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1%.
Por su patrte, tanto UGT como CC.OO. consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
Mayor consenso en la Oferta de Empleo Público
Fuentes de CSIF destacaron que en la última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda celebrada la semana pasada se avanzó en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.
Así, la OEP será de al menos 250.000 plazas de conversión de personal interino en fijo para los próximos tres ejercicios, con lo que se reducirá la interinidad del 25% actual al 8%.
Tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y, junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.
Por su parte, UGT calificó de "histórico" el acuerdo que se ultima para el empleo público que reducirá en tres años más del 90% la precariedad de las administraciones y afectará a casi 350.000 trabajadores públicos.
El sindicato destacó que el acuerdo para la mejora del empleo público permite la creación de empleo neto, amplia la tasa de reposición del 100% a más sectores prioritarios y traslada a las comunidades y ayuntamientos la capacidad de convocar y gestionar sus propias ofertas de empleo.
En detalle, el plan estabilizará a personal temporal: interinos, eventuales, estatutarios y personal del sector público empresarial, entre ellos 130.000 trabajadores de la sanidad pública; 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes.
A estas cifras se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación, cuyo montante se cuantificará en cada ámbito.
Las Ley de Presupuestos Generales del Estado habilitará estas convocatorias, excepto las destinadas a los docentes no universitarios, para las que el Gobierno, mediante real decreto, permite a las comunidades autónomas convocar una oferta específica antes de la posible aprobación de los Presupuestos, tras mostrar los sindicatos su preocupación por que el proceso no llegara a tiempo para el inicio del próximo curso escolar.
Nuevos sectores prioritarios
En paralelo, el plan también incluye una Oferta de Empleo Pública que permitirá reponer todas las bajas que se produzcan en la mayoría de los ámbitos y sectores.
Como nuevos sectores prioritarios se incluyen colectivos como los servicios de atención más próximos a la ciudadanía, en el caso de la Administración General del Estado, incluye a colectivos como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Los nuevos sectores prioritarios se suman a los denominados así en los Presupuestos de 2016 que fueron: funcionarios docentes, sanitarios, fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos, servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, personal investigador doctor, catedráticos y profesores titulares de universidad, supervisión e inspección de los mercados de valores, seguridad e inspección aérea, seguridad y salvamento marítimo, prevención y lucha contra la contaminación marítima.
También se contemplaban seguridad y operaciones ferroviarias, administración penitenciaria, funcionarios de la escala superior del cuerpo de la seguridad nuclear y protección radiológica, acción exterior del Estado y asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, gestión de prestaciones de políticas activas de empleo.
Empleados públicos locales
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo a finales de febrero una reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100% como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.
Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente a la Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos.
En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.